Con esta revisión, España recortará a 22.700 millones de euros el monto de los créditos previstos, lo que supone una disminución de más del 70 por ciento respecto a lo inicialmente asignado. El cambio no altera, sin embargo, el paquete de subvenciones, que se mantiene en 79.800 millones de euros y que el Gobierno español prevé ejecutar en su totalidad. Hasta la fecha, el país ya ha recibido alrededor de 55.000 millones de esa partida.
La adenda española se suma a las aprobadas para Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Suecia, lo que eleva a 24 el número de Estados miembros que han simplificado sus planes nacionales. Así lo confirmó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien subrayó que este año será clave para el Fondo de Recuperación y Resiliencia, ya que los países deben completar los hitos acordados antes de finales de agosto.
Desde el Gobierno español, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que esta modificación marca la etapa final del despliegue del plan, que en cinco años habrá supuesto una inyección superior al seis por ciento del producto interno bruto. Defendió además la renuncia a la mayor parte de los préstamos europeos al considerar que, en el contexto actual, su coste resulta menos atractivo que otras alternativas de financiación nacional.
La actualización del plan elimina 17 reformas con rango de ley, la mayoría sin relación directa con los principales retos estructurales de la economía española, y sustituye otras por iniciativas de alcance similar en áreas como vivienda, sanidad e inclusión social. También se suprimen hitos intermedios, se reduce la carga administrativa y se reprograman fondos para reforzar prioridades estratégicas e incorporar nuevas inversiones.
Pese a estos ajustes, se mantienen compromisos relevantes, entre ellos el aumento de la fiscalidad del diésel, que deberá aprobarse dentro del plazo ampliado fijado por Bruselas. La evaluación comunitaria indica que España solicitó modificar numerosas medidas que resultaban difíciles de cumplir por factores como la inflación, la falta de demanda o problemas en las cadenas de suministro, así como simplificar otras para facilitar su ejecución.
Los recursos liberados se destinarán a nuevas actuaciones, entre ellas el apoyo al comercio, el refuerzo de proyectos vinculados a supercomputación y al ámbito espacial europeo, la transición verde y el impulso a inversiones en eficiencia del riego, vehículos eléctricos y descarbonización industrial. Bruselas había instado previamente a los Estados miembros a ajustar sus planes para garantizar el máximo aprovechamiento de los fondos antes de que el mecanismo expire el próximo 31 de agosto.
Redacción: Forum News