Con la aprobación en segunda y definitiva legislatura de la reforma parcial a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, el Parlamento formalizó el cambio que redefine el vínculo jurídico entre el Estado y sus ciudadanos. A partir de la modificación, la Carta Magna establece que la nacionalidad se pierde en el momento en que una persona adquiere otra, mientras que los extranjeros que deseen nacionalizarse deberán renunciar previamente a su ciudadanía de origen.
El proceso de reforma inició en mayo de 2025, cuando el Legislativo dio luz verde en primera legislatura, y culminó esta semana conforme al procedimiento constitucional vigente. La iniciativa fue impulsada con carácter urgente por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes sostienen que la nacionalidad implica un compromiso exclusivo con el país y que no puede existir una doble lealtad hacia otro Estado.
Desde el exilio, organizaciones opositoras como la Unión Democrática Renovadora calificaron la reforma como un nuevo paso en la profundización del autoritarismo. El movimiento advirtió que la eliminación de la doble nacionalidad incrementa la incertidumbre y la desprotección de miles de nicaragüenses que, en ejercicio de sus derechos, han adquirido otra ciudadanía, y denunció que la medida se utiliza como mecanismo para castigar la disidencia política.
Actualmente, cientos de ciudadanos han sido despojados de su nacionalidad por decisiones administrativas del Gobierno, mientras que a otros se les ha impedido el ingreso al país, en un contexto marcado por la represión sostenida contra voces críticas.
Este cambio se suma a una serie de reformas constitucionales aprobadas en los últimos meses. En febrero de 2025 entró en vigor una modificación profunda de la Constitución que alteró la estructura del Estado, eliminó el equilibrio de poderes y concentró mayores atribuciones en la figura presidencial compartida por Ortega y Murillo. En total, fueron reformados 148 artículos y derogados otros 37, incluyendo disposiciones clave en materia de derechos humanos.
Organismos internacionales han advertido sobre el impacto de estas reformas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que, mediante estos cambios legales, se han debilitado garantías fundamentales en Nicaragua, configurando un escenario de concentración de poder y restricción de derechos civiles y políticos.
Redacción: Forum News