La decisión legislativa sostiene que aún existen estructuras criminales activas, redes de apoyo y prácticas ilícitas que no han sido desmanteladas en su totalidad. En esa línea, el decreto advierte que una flexibilización del régimen podría poner en riesgo los avances que el Gobierno asegura haber alcanzado en materia de seguridad.
Las autoridades afirman que la estrategia ha sido determinante para la captura de más de 90.000 personas señaladas de integrar maras y que operativamente las pandillas han sido neutralizadas. Sin embargo, el régimen que amplía la detención administrativa hasta quince días, limita el derecho a la defensa e interviene comunicaciones ha sido cuestionado por organizaciones humanitarias dentro y fuera del país.
Colectivos nacionales e internacionales insisten en que la continuidad de la medida vulnera derechos fundamentales y remarcan que, solo en los últimos años, se han recibido más de 6.400 denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos. También registran más de cuatrocientas muertes bajo custodia estatal.
El mecanismo de excepción permanece como la principal herramienta del Ejecutivo de Nayib Bukele en su política de seguridad, pese a los llamados para su derogación. Su implementación comenzó después de un fin de semana marcado por más de ochenta homicidios en marzo de 2022, hechos que investigaciones periodísticas vinculan a la ruptura de acuerdos entre el Gobierno y estructuras criminales. El respaldo popular a esta estrategia contribuyó a la reelección inmediata del mandatario, pese a los señalamientos sobre su incompatibilidad con la Constitución salvadoreña.
Redacción: Forum News