Aunque el texto aún no se ha oficializado, fuentes oficiales indicaron que el objetivo de la reforma es “eliminar las rigideces que frenan la creación de empleo”, simplificar procesos y modernizar la normativa laboral para facilitar la contratación y la formalización de trabajadores. Entre las propuestas se encuentra que los acuerdos colectivos sectoriales pierdan prioridad frente a los convenios por empresa, lo que permitiría adaptar las cláusulas laborales a la realidad de cada compañía.
El Ejecutivo también plantea que las negociaciones paritarias consideren las diferencias regionales y la “sostenibilidad económica” de las empresas. Asimismo, propone sustituir el modelo de actualización salarial por inflación por un sistema basado en “mérito” y productividad, además de permitir la libertad contractual para establecer la moneda de pago y la creación de ‘bancos de horas’, donde las horas extra acumuladas se compensen con tiempo libre en lugar de remuneración.
Las centrales sindicales, con fuerte influencia del peronismo, han rechazado de manera anticipada la iniciativa, advirtiendo que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a las empresas y socavar la función de los sindicatos. Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, señaló que la reforma “lo único que va a lograr es precarizar al trabajador” y que Milei “no tiene un proyecto productivo para Argentina”, lo que considera esencial para generar empleo y fortalecer la producción nacional.
Expertos también alertan sobre los posibles efectos de la reforma. Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, destacó que el ‘banco de horas’ y los ‘salarios dinámicos’ podrían profundizar las desigualdades y reducir el poder de negociación de los sindicatos, generando mayor arbitrariedad en las relaciones laborales.
Los datos oficiales reflejan un panorama complejo: desde el inicio del gobierno de Milei hasta julio se cerraron más de 18.000 empresas en el sector privado, con la pérdida de 253.728 empleos asalariados, mientras que en el sector público se eliminaron 57.621 plazas hasta agosto. La tasa de desempleo se ubicó en 7,6 % en el segundo trimestre, con un crecimiento del empleo informal y por cuenta propia, alcanzando una tasa de informalidad laboral del 42 %.
Redacción: Forum News