El retraso en las transferencias presupuestarias al Poder Judicial ha encendido alertas en la Corte Suprema de Justicia, donde advierten que la falta de recursos ya está teniendo efectos directos en el funcionamiento de los tribunales. Desde la Sala de lo Penal, se señaló que la deuda acumulada supera los 1,500 millones de lempiras y compromete proyectos clave de la institución.
El magistrado Mario Díaz explicó que los montos pendientes corresponden a obligaciones que el Poder Ejecutivo arrastra desde finales de 2023 y que se extendieron durante 2024 y 2025, sin que hasta ahora se haya concretado el pago. Esta situación, afirmó, ha obligado a suspender iniciativas planificadas para fortalecer el sistema judicial.
Según detalló, la insuficiencia presupuestaria limita la capacidad del Poder Judicial para ejecutar programas de modernización y expansión, además de frenar acciones orientadas a mejorar la atención en los juzgados penales del país. La falta de fondos también impide realizar nombramientos necesarios para cubrir plazas vacantes y responder a la creciente carga de trabajo.
Díaz advirtió que el impacto de la deuda es directo sobre la operatividad institucional. “A nosotros nos afecta directamente, puesto que hay muchos de los proyectos que se tienen, pues no es posible realizarlos por falta de ese presupuesto”, expresó el magistrado al referirse a las limitaciones actuales.
Asimismo, recordó que la asignación presupuestaria establecida por ley el 3% del presupuesto nacional para el Poder Judicial no se ha cumplido de manera plena, lo que ha profundizado los problemas financieros de la institución. Señaló que históricamente no se ha otorgado el porcentaje correspondiente, lo que dificulta la planificación a mediano y largo plazo.
Ante este panorama, el magistrado insistió en que el Estado debe cumplir con los compromisos adquiridos, al tratarse de obligaciones de carácter legal que garantizan el adecuado funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Indicó que el actual gobierno está próximo a concluir su mandato el 27 de enero, por lo que aún existe la expectativa de que se realicen las transferencias pendientes.
No obstante, señaló que, de no concretarse el pago antes del cambio de gobierno, será responsabilidad de la próxima administración asumir la deuda y saldarla en el menor tiempo posible para evitar mayores afectaciones al sistema de justicia.
Finalmente, Díaz indicó que el Poder Judicial ha tenido que cubrir parte de sus compromisos con recursos propios, aunque advirtió que las proyecciones para el presente año demandan una amortización significativa de la deuda acumulada para poder enfrentar los desafíos operativos que se avecinan.
Redacción: Forum News