Durante la audiencia correspondiente al 197 período de sesiones del organismo, realizada en Panamá, Jinna Rosales, integrante de Acción Joven de Honduras, explicó que las limitaciones para acceder al anticonceptivo varían según el territorio y las condiciones de los servicios de salud. La representante señaló que las zonas rurales continúan enfrentando obstáculos significativos para garantizar la distribución de la píldora.
Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones está relacionado con la difusión de información que atribuye efectos abortivos a la PAE. Rosales sostuvo que esta narrativa también ha sido reproducida por actores del sistema de justicia, fiscalías y autoridades legislativas, lo que, a su criterio, afecta el cumplimiento de las responsabilidades estatales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El señalamiento también apunta a un posible retroceso en el acceso al medicamento. Las organizaciones expresaron preocupación por los discursos contrarios a su utilización desde el Parlamento y por la postura provida de la Administración del presidente Nasry Asfura, ante el temor de que se impulsen nuevas restricciones. En Honduras, la píldora estuvo prohibida y penalizada desde 2009 hasta que en 2023 se autorizó nuevamente su uso y comercialización.
Por su parte, la delegación hondureña defendió ante la CIDH las medidas adoptadas para garantizar la disponibilidad del anticonceptivo. Yolanda Montes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, afirmó que el Estado mantiene «un compromiso firme con la tutela integral de la persona humana en el ámbito de la salud reproductiva» y mencionó el aumento de las compras del medicamento, los programas de orientación y la capacitación del personal sanitario.
La discusión se desarrolla en un contexto nacional marcado por la penalización absoluta del aborto desde 1977, incluso cuando existe riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal o cuando el embarazo es producto de una violación. Ante la controversia sobre la PAE, la Organización Mundial de la Salud sostiene que este anticonceptivo actúa impidiendo o retrasando la ovulación y no interrumpe un embarazo ni provoca un aborto.